Ni más ni menos. Los mismos derechos, con los mismos nombres: 2010, año de la igualdad en Argentina
Esteban Paulón | Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans
“Sintiéndose fuertemente atraídas una por la otra, dos personas comienzan a salir juntas y deciden conformar un hogar. Luego de ser reconocidas por sus amistades como pareja por más de una década deciden buscar reconocimiento y protección legal para su relación, y formalmente abrazar los derechos y responsabilidades que decidieron adoptar y ajustarse a ellos. Como muchas personas en esa situación, decidieron casarse. Solo había un impedimento. Eran dos mujeres.”
Con este simple y contundente párrafo, inicia el fundamento de su voto el integrante de la Corte Constitucional sudafricana Albie Sachs en el caso de Marie Adrianne Fourie y Cecilia Johanna Bonthuys. Por medio de su demanda ante esa institución, Fourie y Bonthuyss abrieron la puerta para que el Parlamento sudafricano modificara el Código Civil y permitiera, como lo exigió el máximo tribunal, el matrimonio a parejas conformadas por personas del mismo sexo. Por el significado político y simbólico que tiene, es interesante aportar la perspectiva sudafricana al debate acerca de la posibilidad de permitir los matrimonios a las parejas de la diversidad sexual. Sudáfrica padeció durante décadas uno de los más feroces regímenes de segregación y discriminación racial del que se tenga idea: el apartheid. Era entonces un país dividido, con ejecuciones legales y disposiciones racistas tales como la Ley de Servicios Separados, que prohibía a las personas negras entrar en las mejores playas y parques, la Inscripción de la Población, que compartimentaba a los grupos raciales, y la Ley de Inmoralidad, que determinaba como ilegal el matrimonio con una persona de otra raza. Inclusive la Ley de Áreas de Grupo prohibía que los negros y blancos vivieran en las mismas zonas en las ciudades. Esa memoria histórica y cultural tuvo un peso fundamental para las y los integrantes de la Corte sudafricana al momento de emitir el dictamen que decidiría sobre la legalidad del matrimonio en parejas del mismo sexo. Y el mensaje de la Corte Constitucional fue contundente: en Sudáfrica, apartheid nunca más.
Esta historia, que se parece tanto y se parece tan poco a la nuestra, parece marcar el camino que debimos recorrer las organizaciones que formamos parte del movimiento reivindicativo de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y trans en Argentina. Así transitó nuestro reclamo, desde la persecución, la violencia y la discriminación más abierta, al amplio consenso social y político que, estamos convencidos, en pocos meses hará de nuestro país el primero de Latinoamérica en permitir el matrimonio a parejas del mismo sexo y en igualdad de condiciones como a las heterosexuales.
Un camino de cinco años
El movimiento por el derecho al matrimonio para todas y todos nació en nuestro país junto a la conformación de la Federación Argentina de Lesbianas, Qays, Bisexuales y Trans (FALGBT). Ésta se planteó en un inicio como plataforma necesaria e indispensable para lograr una serie de reivindicaciones impostergables para las personas de orientación sexual e identidad de género diferente a la heterosexual. Entre ellas, además del matrimonio igualitario se destacaban—y destacan con plena vigencia—la Ley de Identidad de Género para reconocer el derecho identitario de travestis, transexuales y transgénero; una modificación a la Ley Antidiscriminatoria a fin de adaptarla a las nuevas realidades y dotar al estado de herramientas eficaces en la lucha contra la discriminación; la derogación de los Códigos de Faltas que penalizan y criminalizan a la diversidad sexual en numerosas provincias argentinas; y la inclusión de contenidos de diversidad sexual en los currículos educativos a nivel nacional, por ser la herramienta más eficaz en la lucha contra la discriminación.
Dentro de la estrategia por la modificación del Código Civil para permitir el matrimonio sin discriminación, la FALGBT impulsó desde el 2005 la presentación de iniciativas legislativas, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la Nación. Simultáneamente se impulsó la estrategia judicial, basada en la presentación de acciones de amparo ante la justicia, solicitando que se declare la inconstitucionalidad del Código Civil por no permitir el matrimonio a las parejas LGBT. El fundamento de dicha presentación tuvo orígenes idénticos a los invocados en el caso sudafricano: los tratados de derechos humanos internacionales, incorporados con rango constitucional en la Reforma de 1994, que garantizan a todas y todos—sin ningún tipo de exclusión—los derechos a contraer matrimonio y formar familia. En este sentido lo entendió la jueza Gabriela Seijas, quien en noviembre del 2009 dio luz verde en primera instancia a una de las tantas presentaciones que se han realizado—y se continúan realizando—desde la Federación Argentina LGBT. La sentencia de la jueza Gabriela Seijas permitió celebrar el 28 de diciembre del 2009 el primer matrimonio entre personas del mismo sexo en América Latina, merced a la voluntad política de la gobernadora de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos. De este modo Ushuaia fue testigo del enlace entre Alex Freyre y José María Di Bello, dos activistas de la FALGBT e importantes militantes por los derechos de las personas viviendo con VIH/SIDA en nuestro país.
El año de la igualdad
Tras el primer matrimonio igualitario de América Latina en noviembre del 2009 desde la FALGBT entendimos que el 2010 sería el año de la igualdad. Por primera vez en la historia del movimiento asociativo de la diversidad sexual, se había logrado generar un amplio consenso en diversos sectores políticos y sociales, y los referentes de los distintos bloques con representación parlamentaria expresaron su contundente apoyo a la modificación del Código Civil en materia de matrimonio. De ese modo y durante el primer semestre del año 2010, diversos sectores, credos, universidades, centros de estudio y medios de comunicación referentes de organizaciones sociales y de derechos humanos fueron expresando su apoyo, a la par que por la vía de la justicia se lograba que nueve parejas de personas del mismo sexo se casaran en la Ciudad Autónoma y Provincia de Buenos Aires.
Es así que, tanto por la vía parlamentaria como por la vía judicial, Argentina se encaminaba por esos meses a convertirse en el primer país de Latinoamérica en legislar para la igualdad plena de todas y todos. El consenso social y político, y una estrategia que no dejó flancos descubiertos permitieron que la madrugada del 5 de mayo la Cámara de Diputados de la Nación estableciera media sanción a la Ley de la Igualdad y, tras dos meses de debate en todas las provincias argentinas, el Senado diera sanción definitiva el 15 de julio a la Ley 26.618, conocida popularmente como Ley de Matrimonio Igualitario. El hecho más destacado de esta sanción a la Ley, es que la misma se alcanzó con votos de quince grupos políticos y con apoyos provenientes de casi todas las provincias del país, lo que deja en evidencia el cuidadoso trabajo de armado político que llevó adelante la FALGBT desde su constitución hasta la sanción de la Ley.
A cuatro meses de vigencia, más de 500 parejas han contraído matrimonio en todas las provincias argentinas y este ejercicio concreto del derecho a la igualdad abre nuevos desafíos y compromisos para el movimiento LGBT. Si durante el 2010 nuestro país logró avanzar hacia el reconocimiento y protección de todas las familias, el 2011 debe ser el año en el cual el congreso apruebe la otra norma fundamental para el colectivo LGBT, una ley de Identidad de Género que garantice el derecho identitario a travestis, transexuales y transgéneros. La Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya ha dado los primeros pasos: durante los meses de noviembre y diciembre se han dictado los tres primeros fallos que reconocen la identidad como un derecho inalienable de las personas y libre de cualquier tipo de condicionalidad. Se trata entonces de garantizar un derecho muy caro a la historia argentina—como es el derecho a la identidad—negado sistemáticamente hacia el colectivo trans.
Con este reconocimiento se dan los primeros pasos para—de una vez por todas—alcanzar la igualdad jurídica de todo el colectivo de la diversidad sexual.
Con ambas leyes aprobadas, fundamentales e indispensables, estaremos en condiciones de fijar un piso mínimo de igualdad ante la ley, que no es otra cosa que una herramienta a partir de la cual podamos comenzar a construir, juntas y juntos, las condiciones para la igualdad social y la erradicación completa de la discriminación en cualquiera de sus formas hacia las personas de orientación sexual e identidad de género diferente a la heterosexual. De nosotras y nosotros dependerá avanzar hacia ese objetivo.
Esteban Paulón es Presidente de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans.
